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Consejo de Gabinete autoriza al Ministro de Gobierno Carlos Rubio a Presentar Reformas a la ley de Justicia Comunitaria de Paz


El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley que reforma a la Ley del 17 de junio de 2016 que establece el sistema de justicia comunitaria de paz en reemplazo de las corregidurías.


El proyecto de ley busca fortalecer la Justicia Comunitaria de Paz, con el fin del lograr que la administración de justicia local cumpla de manera efectiva con los principios que la orientan; entre ellos, el respeto a los derechos humanos, la eficacia y celeridad procesal, la equidad, promover el diálogo y los métodos alternos de solución de conflictos vecinales o comunitarios a fin de garantizar sociedades en convivencia pacífica.

Tomando en cuenta las solicitudes realizadas por los diversos sectores se organizaron reuniones de consulta con representantes de AMUPA, ADALPA, Secretaría Nacional de Descentralización, Procuraduría de la Administración, Órgano Judicial, Policía Nacional, Defensoría Del Pueblo, Ministerio Público, Sociedad Civil, jueces de paz, mediadores comunitarios, asesores legales de municipios del país, entre otros, donde los participantes expusieron y presentaron sus propuestas de modificación a la Ley 16 de 2016 al Ministerio de Gobierno; las cuales fueron elevadas a consideración de los miembros de la Comisión Interinstitucional el pasado 10 de octubre de 2018.

Por otra parte, para salvaguardar la justicia de la comunidad, los jueces de paz en atención a su competencia, les corresponderá atender los procesos civiles, ordinarios y ejecutivos cuya cuantía no excedan de mil balboas (B/. 1,000.00).


El titular de Gobierno explicó que la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Gobierno, cumpliendo el mandato de Ley, respecto a la justicia comunitaria de paz, además de apoyar y coordinar interinstitucionalmente, realizó un recorrido en todo el país, como seguimiento a la implementación de esta justicia local, y recibió múltiples solicitudes para modificar la Ley por parte de ciudadanos, operadores del sistema, autoridades municipales y de otras instituciones que consideran necesario mejorar y fortalecer el sistema, tomando como referencia que las Casas de Justicia Comunitaria son el ente primario de acceso a la comunidad.

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